La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, planteó ayer una polémica revisión del sistema de adjudicación de los contratos de su departamento que puede suponer un duro golpe para las empresas, además de ir en contra de las últimas recomendaciones de la comisión de expertos de contratación pública constituida por el Ministerio de Hacienda, y entrar en colisión con la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo y las recomendaciones de la Comisión Europea.
Durante un acto del foro de la Nueva Economía, la titular de Fomento planteó la posibilidad de que las mesas de contratación del Ministerio tengan en cuenta criterios laborales, tecnológicos y de seguridad a la hora de puntuar las ofertas presentadas por las empresas que quieren participar en el mercado de obra pública. Se trata de elementos nuevos que se sumarían a los tradicionales criterios ´técnicos y económicos´ utilizados hasta ahora por la Administración para la adjudicación de contratos públicos a través de concursos.
Esta iniciativa entronca, además, con el objetivo estratégico del Gobierno socialista de acabar con la alta tasa de temporalidad en España, enquistada desde hace años en más del 30% de los asalariados. De hecho, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, anunció recientemente que restringirá la subcontratación -foco del empleo temporal- ´´con o sin el acuerdo de los agentes sociales´´.
La iniciativa de Álvarez, que según los expertos supondría una nueva revisión de la normativa de contratación pública aprobada en 2001, podría abrir un frente con las principales patronales del sector de la construcción que ya denunciaron en el pasado proyectos de similares características desarrollados en el ámbito autonómico.
De hecho, todavía se está a la espera de una resolución del Tribunal Supremo sobre un recurso de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) contra la Comunidad de Madrid. En concreto, la patronal denunció el criterio de puntuación impuesto por el Gobierno regional por el que se primaba a aquellas empresas que presentaban un mayor porcentaje de contratos fijos en sus plantillas.
Anteriormente, el comisario de la Competencia, Mario Monti, envió una carta advirtiendo a la Administración española ´´de las irregularidades cometidas de forma reiterada´´ en esta materia. Se estaba refiriendo a los pliegos de licitación utilizados por el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos en los que se confundía lo que deben ser criterios de selección de las empresas potencialmente capacitadas para cumplir el contrato con los criterios finales de adjudicación.
La jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo indica que en la fase de selección de las empresas el licitador debe tener en cuenta la capacidad técnica de la compañía, su solvencia económica o la ´´cualificación de su plantilla´´, entre otros criterios. Pero una vez que ha seleccionado a las empresas, la Administración sólo debe tener en cuenta para la adjudicación las características del proyecto y la oferta económica.
En España, la comisión de expertos creada para dotar de más transparencia al sistema de adjudicación pública también rechazó este tipo de prácticas. En un informe publicado a comienzos de 2004, el grupo de analistas convocado por Hacienda indica que ´´no parece coherente´´ que circunstancias como el número de trabajadores y las características de sus contratos ´´sean incorporados como criterio de valoración´´. La comisión de expertos hace extensiva la recomendación a ´´criterios medioambientales o de naturaleza social´´.
Fuente:expansión y empleo. 23 de junio de 2004
>> más noticias sobre el mundo laboral.
|
